Pueblos Tének y Náhuatl resisten bloqueos del INPI y sostienen reunión regional pese a la lluvia

Autoridades indígenas de los pueblos Tenek y Náhuatl provenientes de diversos municipios de la Huasteca potosina rompieron el cerco institucional impuesto por funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y, pese a las inclemencias del tiempo, realizaron una reunión regional en la explanada de la radiodifusora XEANT “La Voz de la Huasteca”, el pasado sábado 14 de junio.

Representantes de comunidades de Aquismón, Coxcatlán, Tampamolón, Tanlajás, San Antonio, Huehuetlán, Tamazunchale, Matlapa, San Martín y otros municipios, acudieron por sus propios medios y sin apoyo logístico para dar seguimiento a sus demandas ante la federación. Entre sus principales exigencias destacan el rechazo a los recortes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y la oposición a la imposición de funcionarios no indígenas en el INPI estatal, como el caso de Mario Godoy Ramos.

Los organizadores denunciaron que tanto el director de la radiodifusora como el del Centro Coordinador del INPI en Tancanhuitz negaron el uso de las instalaciones, bajo el argumento de que se desarrollarían actividades oficiales los días 14 y 15 de junio, lo cual resultó ser falso. Ante esto, los pueblos decidieron llevar a cabo su encuentro en la explanada, sin sillas, sin sonido y bajo la lluvia.

Durante la asamblea, los consejeros indígenas informaron que continúa el juicio de amparo contra la designación del actual titular del INPI en San Luis Potosí, a quien acusan de no cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos: ser indígena, hablante de lengua originaria, oriundo de la región y conocedor de la realidad local. Subrayaron que el pasado 12 de junio el INPI modificó su estatuto orgánico, aparentemente en un intento por desactivar el juicio en curso.

Entre los cambios denunciados, se establece que ya no será el director general quien autorice todos los nombramientos estatales, aunque mantiene el control sobre los mandos medios y superiores. Las autoridades indígenas señalaron que, lejos de democratizar el proceso, estas reformas concentran aún más el poder en el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, a quien acusaron de actuar como “encomendero” y firmar constancias que deberían corresponder a la titular del Ejecutivo Federal.

Otro tema que generó malestar fue el retraso en la ministración de los recursos del FAIS. Las autoridades denunciaron que la primera entrega, programada para el 30 de abril, se pospuso hasta julio, afectando gravemente los proyectos comunitarios ya calendarizados. Acusaron a funcionarios de la Secretaría de Bienestar de sabotear procesos internos, invalidando asambleas y comités con criterios arbitrarios, y señalaron que hasta la fecha no existe un manual oficial sobre la correcta aplicación y comprobación de los recursos.

"Estos retrasos parecen intencionales, para que fallemos y así argumenten que no somos capaces de administrar nuestros propios fondos. Eso es falso. Hemos demostrado que somos más eficientes y transparentes que muchas instancias gubernamentales", expresó una autoridad durante la reunión.

Pese a las condiciones adversas, el evento concluyó con un llamado unánime a continuar la lucha jurídica y política por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Se acordó enviar un nuevo informe directamente a la presidenta de la república, documentando los abusos del INPI y la Secretaría de Bienestar, y reforzar las acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación.