Comunidades indígenas acusan a Bienestar e INPI de mentir y desacatar órdenes judiciales

Consejeros y representantes indígenas de los pueblos tének y náhuatl de la Huasteca Potosina acusaron a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de difundir información falsa y desacatar resoluciones judiciales respecto al bloqueo de cuentas comunitarias que impide el acceso a más de 56.2 millones de pesos asignados por la Federación.

A través de un pronunciamiento público, las autoridades indígenas señalaron que el comunicado emitido el 19 de noviembre de 2025 por ambas dependencias —en el que se afirma que la entrega de recursos permanece en revisión por procedimientos jurídicos— “tergiversa la verdad y pretende engañar a la sociedad”.

El conflicto judicial

De acuerdo con los representantes comunitarios, desde el 17 de julio de 2025 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Valles ordenó aplicar suspensiones provisionales y definitivas dentro del expediente 269/2025 y acumulados, con el propósito de evitar la reducción del presupuesto asignado al componente indígena del FAIS-PIAM.

El juzgado precisó que las autoridades debían abstenerse de disminuir los montos asignados y que la suspensión no implicaba detener la entrega del recurso. En un requerimiento fechado el 6 de agosto, el órgano judicial reiteró que se debía entregar el presupuesto a las comunidades, sin bloquear las cuentas.

Sin embargo, los representantes señalan que funcionarios de Bienestar —a través de los oficios BIE/DGDR111/5353/2025 y BIE/DGDR111/5531/2025— ordenaron ilegalmente mantener las cuentas congeladas, lo que consideran un acto contrario a las resoluciones del Poder Judicial.

El 14 de octubre de 2025, el juzgado volvió a requerir el desbloqueo de los recursos y dio a las dependencias tres días para cumplir.

Acusan dilación y presión hacia autoridades indígenas

Las comunidades denunciaron que Bienestar interpuso un recurso de revisión el 4 de agosto, al que posteriormente se sumó el titular del INPI en San Luis Potosí, Mario Godoy Ramos, mediante un recurso de revisión adhesiva el 14 de noviembre. Ambos actos, afirmaron, buscan dilatar el proceso judicial y “asfixiar legal y económicamente” a 34,991 indígenas afectados.

También acusaron a Godoy Ramos de usar indebidamente recursos públicos y la radiodifusora XEANT para presionar, dividir y desinformar a las autoridades comunitarias que promovieron amparos para defender sus derechos.

Exigen liberar recursos

Los firmantes del pronunciamiento responsabilizaron a los titulares de Bienestar e INPI de cualquier acción que las comunidades emprendan y exigieron la liberación inmediata de los recursos asignados.

El documento es suscrito por consejeros y representantes tének y nahuas de San Luis Potosí:

Angelina Reyes Hernández, representante nahua

Hermelinda Vázquez Bautista, representante nahua

Cenorina Bernal Fernández, representante tének

Rafael Reyes Martínez, representante tének

Marcos Alejo Torres, representante tének