Abogados laboristas denuncian cierre de junta laboral en Puebla; temen que miles de casos queden impunes

El cierre de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 33 en Puebla, ordenado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), ha generado preocupación entre abogados y trabajadores. Más de 10 mil expedientes laborales, muchos relacionados con pensiones por incapacidad, despidos y riesgos laborales, serán trasladados a Oaxaca y Tlaxcala, lo que, según los abogados, condena a los demandantes a abandonar sus casos debido a los costos y distancias involucradas.

Los manifestantes aseguran que el traslado afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y personas con limitaciones físicas y económicas, quienes no podrán costear los viajes para dar seguimiento a sus procesos judiciales. Casos como el de Juan Pérez Vega, quien lleva siete años esperando una pensión por invalidez, y Deisy González, que lucha por una pensión tras un accidente laboral, ejemplifican el impacto de esta medida.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio y ha sido motivo de protestas en Puebla y Ciudad de México. Los trabajadores y abogados argumentan que esta decisión favorece a grandes empresas y entidades gubernamentales, como el IMSS y Volkswagen, dejando a la clase trabajadora en desventaja.

A pesar de los esfuerzos por establecer mesas de diálogo y amparos interpuestos, la medida sigue en pie, afectando a miles de trabajadores que dependen de estos procesos para obtener justicia y proteger sus derechos laborales.